El debate territorial en España

Cuando aparezca esta Newsletter se estará constituyendo el nuevo parlamento español salido de las elecciones del pasado 20 de diciembre. La dificultad para que de él salga un gobierno es alta, para no decir muy alta. Muchos comentaristas políticos han dicho que estamos ante una segunda transición, siendo la primera los años en los que se migró de la dictadura de Franco a la democracia.

La nueva situación rompe el sistema bipartidista entre Partido Popular (PP) y Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con la irrupción del izquierdista Podemos y de Ciudadanos. Se habla de nueva política y hay en el ambiente una gran exigencia de trasparencia, frente a los casos de corrupción de los partidos tradicionales.

Tanto como la superación del bipartidismo y la exigencia de transparencia, el presente momento está determinado, sin embargo, por el debate territorial y, particularmente, por el proyecto independentista que en Cataluña ha tomado cuerpo, desde que una sentencia del Tribunal Constitucional desballestó un Estatuto de Autonomía aprobado en 2006, tras trabajoso proceso.

Durante años, el sistema autonómico español ha sido un referente, tanto por su importante grado de descentralización, como por la percepción que ha sido clave para despertar el desarrollo económico –incluso- de las regiones menos desarrolladas. El resultado de lo que se diseñó a partir de la Constitución de 1978 está siendo, de todas formas, puesto en duda por todos los actores.

El PP, por un lado, quiere poner freno al desarrollo autonómico. Hay que poner punto final, dice, al traspaso de competencias, que está llevando a que el estado sea “residual”. Apuestan por un estado central fuerte, fundamentado en la nación española, con la Constitución como única fuente de legitimidad. Con estas premisas, el PP fue ya el impulsor del recurso de inconstitucionalidad del Estatuto catalán. 

Ya en el gobierno de España, el PP de Mariano Rajoy se ha negado a la negociación planteada por el Gobierno catalán, incluida la demanda de una mejora de la financiación de la autonomía. Uno de sus ministro habló de que las escuelas debían “españolizar” a los niños catalanes. Mientras, en 2012, se creaba la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas que, con el objetivo de “evitar duplicidades”, pretendía suprimir organismos y capacidades autonómicas. Y, ya en la recta final del mandato, ha aprobado, sin ningún otro apoyo político que sus propios diputados, una reforma del Tribunal Constitucional que da a este la potestad de suspender funcionarios y gobernantes autonómicos.

Enfrente, el PSOE está defendiendo una reforma constitucional y una salida federal. Su secretario general, Pedro Sánchez, ha abanderado esta posición. Le quita legitimidad que, cuando ha gobernado, el PSOE no ha dado ni un solo paso federal. Y cabe también tener en cuenta que, entre sus barones autonómicos, hay una cierta divergencia de pareceres. Mientras la presidenta andaluza Susana Díaz es la guardiana que siempre está alerta contra cualquier exceso que pudiera venir de Cataluña, el valenciano Ximo Puig o la balear Francina Armengol reclaman una mejora de la financiación de sus autonomías en términos no muy diferente de como lo hacían los catalanes… antes de apostar por la soberanía.   

El presidente Mariano Rajoy ha sido el más votado el 20-D, pero con una mayoría insuficiente. Así, está planteando una gran coalición con el PSOE y Ciudadanos. Considerando cuan crispada fue la campaña electoral, esta “Große Koalition” española no tendría ninguna opción. No debe descartarse, sin embargo, que se acabe formulando frente a lo que se ha llamado “el desafío catalán”. Rajoy no tiene otra posibilidad y así lo está planteando.

Pedro Sánchez, sin embargo, podría formar gobierno con el apoyo de Podemos y de partidos nacionalistas catalanes y vascos. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, sin embargo, ha puesto como condición para darle apoyo, que permita la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Sánchez, y sobre todo la presidenta andaluza, no está dispuesto a acceder a este punto. De todas formas se trata de la llave para formar gobierno, así que cabe preguntarse: ¿Accederá Sánchez a hacer el referéndum o Podemos olvidará su compromiso electoral?

Para acabar de completar el panorama, está Ciudadanos. Adalid de la nueva política, su líder Albert Rivera, hablando de estos temas, no se diferencia mucho de Rajoy y del PP. En algunos casos incluso va más allá. Defiende, por ejemplo, que debe suprimirse el “privilegio” del cupo vasco y navarro, una singularidad histórica que permite a vascos y navarros recaudar sus propios impuestos. Rivera considera que, al igual que en el resto de España, quién debe recaudar debe ser el Estado español. Rivera, sin embargo, apuesta por una reforma constitucional y por una reforma del sistema de financiación autonómico, que dé más recursos a las autonomías, para sanidad y educación. 

En definitiva, un órdago de mucho cuidado. Nadie sabe cómo va acabar. Lo que sí es seguro es que, por algún tiempo, va a estar muy movida esta España de las autonomías que, durante años, fue referente.

 

Carles Llorens

Secretario general de ORU-Fogar

 


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