El impacto de la reforma al COOTAD en las prefecturas de Ecuador
La reciente entrada en vigor de la Ley Orgánica Reformatoria al COOTAD para la Sostenibilidad y Eficacia del Gasto ha generado un profundo debate técnico y político sobre la autonomía de los gobiernos provinciales en Ecuador. La normativa establece una regla fiscal estricta que obliga a las prefecturas a destinar al menos el 70% de sus presupuestos a gasto de inversión, limitando el gasto corriente al 30%. El Gobierno Nacional defiende esta medida como una herramienta necesaria para garantizar que los recursos públicos se transformen en obras tangibles, como vialidad rural y sistemas de riego, argumentando que muchas administraciones locales han sobredimensionado sus nóminas administrativas en detrimento de los servicios directos a la ciudadanía.
Por su parte, los gobiernos provinciales han presentado un argumentario que cuestiona la viabilidad de estos porcentajes sin afectar áreas críticas de su gestión. Las prefecturas sostienen que gran parte de lo que la ley clasifica ahora como gasto corriente es, en realidad, inversión social y técnica indispensable. Argumentan que los salarios de médicos en brigadas rurales, técnicos agropecuarios que asesoran a pequeños productores y personal operativo de maquinaria pesada para mantenimiento vial no deberían ser considerados burocracia, sino el motor de la ejecución de sus competencias. Según los documentos aportados por las provincias, la rigidez de la norma podría forzar el cierre de centros de atención a víctimas de violencia o la reducción de programas de fomento productivo que dependen fundamentalmente de talento humano calificado.
En el ámbito jurídico, las prefecturas alegan que la reforma vulnera el principio constitucional de autonomía financiera y descentralización, al imponer un modelo de gestión estandarizado desde el poder central que no reconoce las particularidades de cada territorio. Los equipos legales de los gobiernos provinciales advierten que la aplicación gradual de la ley, que alcanzará su pleno rigor en 2028, no resuelve el problema de fondo: la posible desatención de competencias concurrentes en salud y desarrollo social que las provincias han asumido ante la ausencia del Estado central. Mientras la Corte Constitucional analiza las demandas interpuestas, el clima de incertidumbre técnica persiste sobre cómo se reestructurarán los presupuestos sin paralizar la operatividad de los gobiernos intermedios.
ORU Fogar ha mostrado su preocupación por eta situación y en un mensaje publicado en X ha señalado: "Tras años de colaboración con prefecturas Ecuador, seguimos de cerca la evolución de la situación y reafirmamos nuestra firme convicción: la descentralización constituye el mejor modelo para desarrollar una gobernanza democrática eficaz y centrada en la ciudadanía".
