En el informe de 2024, titulado “Mucho más que un mercado: empoderar al Mercado Único para lograr un futuro sostenible y prosperidad para todos los ciudadanos de la UE”, Enrico Letta advierte que el aumento de las desigualdades regionales corre el riesgo de crear una “geografía del descontento”, mientras que el informe Draghi, “El futuro de la competitividad europea”, dejó claro que los desequilibrios territoriales no constituyen únicamente un riesgo social, sino también económico, ya que debilitan la capacidad general de Europa para crecer, innovar y competir a nivel mundial.
El mensaje de ambos informes es claro: el Mercado Único seguirá estando incompleto mientras las oportunidades, las inversiones y los servicios esenciales permanezcan concentrados en un número limitado de centros exitosos, mientras que otras regiones enfrentan declive, despoblación y una erosión constante de la calidad de vida.
En este sentido, se ha encomendado al vicepresidente ejecutivo Fitto la tarea de equiparar la tan valorada libertad de circulación de Europa con un verdadero derecho a quedarse: un compromiso para garantizar que las personas no se vean obligadas a abandonar sus regiones de origen por falta de empleo, vivienda, servicios o infraestructura. La Estrategia del Derecho a Quedarse, cuya adopción está prevista para principios de 2027, tendrá como objetivo garantizar que las regiones de toda Europa estén mejor preparadas no solo para hacer frente a los cambios demográficos y económicos, sino también para convertirlos en una base para una prosperidad renovada y una mayor capacidad de elección, estrechamente vinculada con una agenda más amplia de competitividad, competencias, conectividad y resiliencia.
El Derecho a Quedarse coloca a las regiones en el centro del debate. Las realidades de la despoblación en un pueblo de montaña no son las mismas que las de una ciudad posindustrial o una isla remota. Una acción eficaz sólo puede llevarse a cabo mediante soluciones basadas en las características y necesidades de cada territorio, que aprovechen sus fortalezas y aspiraciones locales. En este contexto, las autoridades regionales y locales son actores indispensables. Ellas saben dónde falta infraestructura, dónde los servicios están bajo presión, dónde los mercados de vivienda no están funcionando adecuadamente y dónde las inversiones podrían generar el mayor impacto.
La Estrategia del Derecho a Quedarse promueve políticas diseñadas en torno a la integración y no a la fragmentación. El desarrollo económico no puede separarse de la movilidad, la vivienda, la educación o el acceso digital. Si una región tiene empleos, pero no cuenta con servicios de cuidado infantil, las familias se van. Si tiene viviendas adecuadas, pero un transporte deficiente, los trabajadores se van. Si tiene escuelas, pero no ofrece oportunidades empresariales, los jóvenes graduados se van. Lo que se necesita es un marco coherente que vincule la inversión, los servicios y las oportunidades económicas dentro de una misma estrategia territorial.
Por eso es importante el debate sobre el futuro presupuesto de la UE. La próxima generación de Planes de Asociación Nacionales y Regionales tiene el potencial de convertir el Derecho a Quedarse en una realidad concreta. Si están bien diseñados, estos planes proporcionarán a los Estados miembros y a las regiones un marco más sencillo y flexible para invertir de manera coordinada en oportunidades empresariales, empleo, competencias, conectividad, innovación y servicios esenciales. Igual de importante es que harán que la financiación sea más fácil de gestionar y más receptiva a las realidades de los distintos territorios. En este sentido, la simplificación es una condición previa para la acción.
El desafío para cada región será convertir las ideas ambiciosas en políticas duraderas. Esto requerirá información basada en datos, coordinación entre los distintos niveles de gobierno, una verdadera colaboración con los actores presentes en el territorio y la valentía política para priorizar la resiliencia territorial a largo plazo por encima de la conveniencia a corto plazo. También será necesario que Europa y sus regiones escuchen atentamente a las personas que viven en lugares afectados por la despoblación y el declive: deben ser involucradas y contar con las herramientas necesarias para dar forma a su propio futuro.
Para que el Derecho a Quedarse produzca resultados concretos en los territorios, las autoridades públicas deben orientar las decisiones de inversión de manera clara y medible. Deben incorporar el principio del “derecho a quedarse” al momento de mejorar la infraestructura, decidir cómo se apoya el acceso a la vivienda, qué servicios se protegen y cómo la conectividad y las oportunidades económicas pueden contribuir a conectar las zonas rurales y urbanas en beneficio de todos. Las reformas y los mecanismos de gobernanza multinivel son factores clave para que las acciones tengan éxito. Si bien las regiones están en la mejor posición para diseñar estrategias que fortalezcan el atractivo territorial y aborden los desafíos locales, sus ambiciones deben contar con el respaldo de acciones a nivel nacional.
El Derecho a Quedarse es una de las principales ambiciones territoriales de esta Comisión, porque responde a una necesidad real de Europa. Si Europa quiere seguir siendo competitiva y cohesionada, no puede permitir que las oportunidades se concentren únicamente en unos pocos lugares. Las personas siempre deberían tener la libertad de trasladarse. Pero también deberían tener una verdadera posibilidad de quedarse, prosperar y creer que pueden construir su futuro en su lugar de origen.
El proyecto europeo siempre ha prometido más que el acceso a un mercado único. Ha prometido prosperidad compartida, progreso social y cohesión territorial. El Derecho a Quedarse ofrece una manera de renovar esa promesa. Plantea que ninguna región debería ser descartada por considerarse periférica o estar destinada a un abandono progresivo. La geografía no debería determinar las oportunidades de manera tan rígida que comunidades enteras queden atrás.
Esa es la verdadera promesa del Derecho a Quedarse. Y es una promesa que Europa ya no puede permitirse seguir postergando.